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Derecho al Error del Contribuyente sin penalización con presunción de actuación de Buena Fé

El Contribuyente también tiene derecho a equivocarse sin merecer una sanción por ello por parte de Hacienda según la reciente Sentencia 709/2023 del Tribunal Superior de Galicia de 28 de Noviembre de 2023, recurso 15081/2023, Id Cendoj: 15030330042023100693[VR1] 

Equivocarse no conlleva defraudar. Hasta la fecha, la Agencia Tributaria (AEAT) presuponía que cualquier infracción por parte del contribuyente conllevaba tener ánimo incumplidor, y en consecuencia aplicaba una sanción a la regularización correspondiente, incrementando así la recaudación.

Esta línea de actuación de la Agencia Tributaria ha sido muy criticada desde tiempos atrás al omitir principios tan fundamentales del derecho sancionador como es la presunción de inocencia, que requiere la prueba de la culpabilidad.

Sin embargo, los tribunales se han preocupado de examinar siempre caso a caso si la AEAT ha respetado el derecho a la presunción de inocencia de los administrados.

En ese ejercicio de protección del contribuyente, el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJ), en su Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2023 defiende el que se conoce ya como el  «derecho al error» del contribuyente, anulando la multa impuesta por Hacienda a un ciudadano al no probarse por parte de Hacienda ninguna intencionalidad de engañar.

Tras analizar el caso, el TSJ considera que la culpabilidad es un elemento fundamental en las infracciones tributarias y que la responsabilidad no es objetiva, requiriendo siempre un elemento subjetivo sobre la conducta infractora del contribuyente que deberá ser probada por la Administración, incluso si se trata de simple negligencia.

La jurisprudencia establece que la actuación de los contribuyentes se presume de buena fe, trasladando la carga de la prueba a la Administración para justificar la sanción.

El caso enjuiciado tiene origen en el recurso presentado por un contribuyente contra las sanciones tributarias por sus declaraciones del IRPF en las que por error no ingresó cantidades por las ganancias derivadas de la venta de unas participaciones sociales.

Este error supuso para el contribuyente una multa de 72.681,08 €.

La Inspección de la AEAT consideró que había declarado incorrectamente las ganancias patrimoniales pero no fue capaz de probar la intención de defraudar del contribuyente.

Ni siquiera el hecho de que los contribuyentes contaran con asistencia de asesores fiscales eliminó las dudas sobre el ánimo o la voluntariedad del contribuyente.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia se ampara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2016, que sostiene que: (la negrita es nuestra)

«…es adecuada la afirmación de que la normativa tributaria presume (como consecuencia de la presunción de inocencia que rige las manifestaciones del ius puniendi del Estado) que la actuación de los contribuyentes está realizada de buena fe, por lo que corresponde a la Administración la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de las infracciones tributaria (…)”.

Así, la sentencia del TSJ impone la necesidad de evaluar y probar la culpabilidad del contribuyente determinando además que la mera infracción de la norma no puede ser equivalente a tener intención de incumplir o de defraudar.

Por tanto, se reconoce el Derecho al Error del Contribuyente presumiendo que su actuación es realizada de Buena Fé.

Consulta la Sentencia aqui 

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